San Juan envió a la Legislatura el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero

El gobernador Marcelo Orrego firmó y envió a la Cámara de Diputados de San Juan el proyecto de Ley para el Desarrollo Local Minero, una iniciativa que busca establecer mecanismos para incrementar la participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos en la actividad minera.

La propuesta llega en un contexto de fuerte expectativa por las inversiones previstas para la provincia. Actualmente, San Juan concentra cuatro de los siete proyectos de cobre de clase mundial identificados en Argentina y cuenta con iniciativas mineras que, de acuerdo con estimaciones oficiales, podrían movilizar inversiones superiores a los USD 31.200 millones en los próximos años.

El proyecto establece que las empresas mineras y sus principales contratistas deberán presentar Planes de Desarrollo de Empleo y Planes de Desarrollo de Proveedores, en los que deberán fijar objetivos progresivos y medibles vinculados a la contratación de mano de obra local y la incorporación de empresas sanjuaninas a la cadena de suministro.

Uno de los objetivos planteados en la iniciativa es que el 80% de los trabajadores de cada operación minera sean residentes de la provincia, con prioridad para los departamentos considerados dentro del área de influencia directa de los proyectos. En paralelo, se propone que el 60% de las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios se realicen a proveedores radicados en San Juan, siempre que existan condiciones competitivas de mercado.

La norma también incorpora herramientas orientadas a mejorar la previsibilidad para el sector empresario. Entre ellas, establece que las compañías deberán difundir sus necesidades futuras de bienes y servicios mediante planes de demanda y cronogramas estimados de contratación, con el objetivo de que potenciales proveedores puedan prepararse con anticipación para participar en los procesos de compra.

Otro de los aspectos contemplados es la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), una base pública y digital que reunirá a las empresas que acrediten actividad efectiva en la provincia. Para formar parte del registro deberán cumplir requisitos vinculados al domicilio operativo, tributación local y contratación de personal sanjuanino.

El proyecto prevé además un sistema de incentivos para las empresas que alcancen simultáneamente las metas de empleo local y contratación de proveedores provinciales. En esos casos podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que podrá ser cedido a pequeñas y medianas empresas proveedoras para la cancelación de tributos provinciales.

En materia de transparencia, la iniciativa incorpora la obligación de publicar procedimientos de contratación y adjudicación, con el objetivo de brindar información sobre las compras y servicios requeridos por la industria.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Minería, que trabajará junto a una Unidad Técnica Interministerial y un Consejo Consultivo integrado por representantes de distintos sectores. El esquema prevé mecanismos de seguimiento y auditoría de los planes presentados por las empresas.

El proyecto también contempla un régimen sancionatorio para los casos de incumplimiento de las obligaciones previstas. Las penalidades podrán incluir apercibimientos y multas, aunque se establecen excepciones cuando las empresas acrediten que no existe oferta local competitiva o demuestren haber desarrollado acciones de capacitación y formación para cubrir las necesidades detectadas.

Por último, la iniciativa propone derogar la Ley 1208-M, una norma vinculada al desarrollo de proveedores mineros que, según los fundamentos del proyecto, nunca llegó a implementarse. De aprobarse en la Legislatura, las empresas dispondrán de plazos de entre 60 y 90 días para presentar sus planes iniciales de empleo y desarrollo de proveedores.

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