Santa Cruz ingresó con una orden judicial al yacimiento Cerro Negro y la mina de Newmont quedó bajo riesgo de clausura

La situación de Cerro Negro escaló desde una inspección laboral y de seguridad hasta convertirse en un conflicto institucional de alta gravedad. El Gobierno de Santa Cruz informó que la Policía debió ejecutar una orden judicial para que los inspectores provinciales pudieran volver a ingresar al yacimiento, luego de que los accesos fueran cerrados con candados.

La precisión jurídica es central. Con la información pública disponible, no se trató de un allanamiento penal contra Newmont por una investigación criminal, sino de una orden judicial destinada a garantizar la continuidad de un procedimiento administrativo de fiscalización.

La intervención de la Justicia respondió, según la versión oficial, al impedimento para ingresar al predio.

Durante el operativo, que comenzó el 9 de septiembre y fue programado por entre 72 y 96 horas, participaron más de veinte agentes provinciales. La secretaria de Trabajo provincial dictó seis ceses preventivos de tareas en sectores que incluirían áreas bajo mina, plantas y laboratorios.

Son suspensiones específicas hasta que se corrijan las observaciones; Santa Cruz no había clausurado toda la operación al cierre de este informe.

El secretario de Trabajo, Javier Aravena, denunció vehículos sin habilitación, deficiencias en el transporte de combustible y sustancias peligrosas, problemas en equipos para medir gases y la verifricación de un eventual derrame de cianuro.

Esos señalamientos corresponden a la autoridad provincial: todavía no se difundió un informe técnico completo sobre esas situaciones y Newmont no había publicado una respuesta específica a las acusaciones.

Antecedentes que agravan

El episodio adquiere mayor sensibilidad por la muerte de dos trabajadores de Cerro Negro en abril de 2024. Newmont confirmó entonces los fallecimientos, suspendió las actividades e inició una investigación.

Ese antecedente obliga a evaluar cualquier nueva observación con especial rigor y explicaría la dureza política del Gobierno provincial frente a posibles riesgos bajo tierra.

Los controles tampoco comenzaron esta semana. Durante 2026 la Provincia ya había realizado inspecciones, exigido medidas correctivas y recibido reclamos gremiales vinculados con seguridad, contratistas, empleo local y presencia de responsables empresariales con capacidad de decisión.

La nueva crisis, por lo tanto, se inserta en una relación regulatoria que venía acumulando tensión.

Una inversión en juego

Newmont reactivó Cerro Negro District Expansion 1 después de una pausa de un año que la propia compañía vinculó con la revisión del capital y con mejoras de seguridad y productividad.

El desarrollo subterráneo prevé incorporar alrededor de 3,5 millones de onzas de oro, extender la vida de la mina más allá de 2038 y demandar entre USD 550 millones y USD 600 millones. Para 2026, la empresa proyectó 220.000 onzas de producción.

Por eso, los ceses de tareas pueden tener efectos operativos, económicos y reputacionales.

La expansión necesita continuidad, permisos y confianza regulatoria. Si las observaciones alcanzan actividades críticas o se prolongan, podrían alterar cronogramas y costos.

Si Newmont acredita correcciones rápidas, el episodio podría quedar acotado. Por ahora, ambas posibilidades siguen abiertas.

Por qué es importante

El conflicto pone a prueba la capacidad de Newmont para demostrar que su plan de crecimiento es compatible con controles efectivos y condiciones seguras.

Una infracción puede corregirse y una sanción puede apelarse; resulta más difícil explicar por qué el Estado necesitó una orden judicial para continuar una inspección dentro de una mina que busca prolongar su vida por más de una década.

Los próximos datos serán decisivos: las actas completas de inspección, el alcance de los seis ceses, la documentación correctiva, la explicación empresarial sobre los accesos y el informe técnico del supuesto derrame. 

Cerro Negro sigue operativa, pero quedó bajo una presión regulatoria que puede escalar si las observaciones no se resuelven.

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